No cumplirán su palabra

Finales de 2015. Este es el horizonte temporal que maneja la Diputación de Gipuzkoa para poner en marcha todas las infraestructuras de tratamiento de residuos que ha previsto y que conllevarán el cierre de los tres vertederos (Urteta en Zarautz, Lapatx en Azpeitia y Sasieta en Beasain) que actualmente siguen activos en el territorio.

La planificación foral contempla la construcción de dos plantas de compostaje, que se ubicarán en Bergara y Zubieta y que, junto con la de Lapatx (Azpeitia), inaugurada en la anterior legislatura, darán salida a toda la materia orgánica que se recoge en el territorio (14.170 toneladas en 2013).

Además, construirá una planta de tratamiento mecánico-biológico, que se ubicará en Zubieta y que, al igual que las infraestructuras anteriores, ya se contemplaba en el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (Pigrug) aprobado por las Juntas Generales en la pasada legislatura. Esta planta dará salida a las 130.000 toneladas que no se recogen de manera selectiva.

Finalmente, y como alternativa a la incineradora, la Diputación contempla la construcción de un depósito de inertes, cuya ubicación se desconoce aún, donde irán a parar 65.000 toneladas anuales de residuos no reciclables.

Desde que se diera a conocer esta planificación, a mediados del mes de febrero, la Diputación ha reiterado que podrá llevarla a cabo en apenas un año. Sin embargo, la realidad muestra que las obras todavía no han empezado. Además, el propio diputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, ha admitido que existen dificultades para lograr la financiación necesaria -alrededor de 80 millones de euros-, lo que hace que las dudas se ciernan sobre la viabilidad del proyecto.

¿Qué pasa con el BEI?

El tiempo y especialmente el dinero son las grandes dificultades a las que Bildu debe hacer frente para desarrollar su plan.

Cierto es que el coste del proyecto foral de residuos -131 millones en total, de los que ya se habrían abonado 52- es notablemente inferior a los 360 millones que costaba el plan anterior, pero también es cierto que el Centro de Residuos de Gipuzkoa que contemplaba la incineradora logró la financiación necesaria mientras que Errazkin no ha logrado todavía respaldo económico para su plan.

Así, las dudas se ciernen ahora en qué ha sucedido con los 195 millones de euros que prestó el Banco Europeo de Inversión (BEI) al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) para que llevase a cabo las obras y si este dinero puede utilizarse en un proyecto distinto al aprobado por la institución financiera europea.

Esto es precisamente lo que los partidos de la oposición, PNV, PSE-EE y PP, quieren conocer y para ello han remitido una serie de preguntas al BEI para que sean respondidas en la Comisión de Estudio sobre la Evolución Financiera y las Soluciones Técnicas del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, que se está celebrando en las Juntas Generales.

Las principales cuestiones versan sobre si el Consorcio ha dispuesto ya del crédito de 195 millones y en qué cuantías, y sobre si se ha solicitado una modificación del crédito concedido para que el BEI financie el nuevo plan.

No obstante, en las ocasiones en las que Errazkin ha sido cuestionado sobre la búsqueda de financiación, ha señalado que "hay conversaciones" con la banca privada, aunque el titular de Medio Ambiente también ha reconocido "dificultades". No hay que olvidar que el Consorcio demandó a La Caixa y Banesto por los contratos de cobertura o swaps financiados y que este litigio está pendiente de sentencia.

Además, tampoco está claro si la Diputación ha informado sobre las modificaciones que ha sufrido la gestión de residuos porque a su juicio "no se ha modificado ninguna planificación". No obstante, sí reconoció que había mandado una "carta formal" al comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, para notificarle la propuesta foral y se mostró "absolutamente convencida" de que ésta "cumple la normativa europea".

IRAITZ ASTARLOA (Noticias de Gipuzkoa) 2014-06-09